Nueve días. Ese es el tiempo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tardó en incumplir su mayor promesa electoral y en legislar en contra del precepto básico de la política liberal que él y su partido aseguran defender. El Ejecutivo del PP no solo llevó a cabo la segunda mayor subida de impuestos de la historia (solo Zapatero aumentando el IVA y eliminando la deducción de los 400 euros le superó en volumen de ingresos previsto), sino que emprendió una reforma fiscal progresiva, en la que las clases medias se llevan, de largo, la peor parte. Un tercer factor redondea la jugada: el anuncio de la medida se hizo mediante el populista discurso que tanto criticaban en la oposición: "que pague más el que más tiene". Como muy bien ha expresado David Gistau, Rajoy ha confundido la disposición al sacrificio de quienes le votaron con la disposición a ser engañados.
De ningún modo puede valer como excusa el haberse encontrado con un déficit dos puntos superior al previsto, puesto que ese desfase era algo que en el PP conocían. Contaban con ello desde hace meses, contaban con ello en la campaña en la que prometieron no subir impuestos y contaban con ello en el debate de investidura donde Rajoy anunció que el ajuste sería de 16.500 millones, sin matizar suficientemente que ese solo sería el principio, dado que era muy posible que el déficit público superara con creces el 6%. El hecho de que se haya ensalzado hasta la saciedad lo "modélico" del traspaso de poderes, el que Rajoy y Zapatero hagan gala ahora de una sobrevenida e infranqueable amistad, el que el presidente entrante despidiera al saliente con un generoso "acertó y se equivocó, como todos" o el que se condecore con la Cruz de Isabel la Católica al Gobierno socialista son solo algunos indicios de cuán paniaguado estaba todo y cuán grande fue el engaño pergeñado por los vencedores de las elecciones y por el Ejecutivo saliente, que hasta hace bien poco también aseguraba con inusitada firmeza que se cumpliría el objetivo de déficit, e incluso que había 4.000 millones de margen.
La excusa del despilfarro autonómico tampoco vale. No vale para el Gobierno del PP porque su partido controla la mayoría de las comunidades y algo sabría ya de cómo estaban las cuentas hace unas semanas. Y no vale para los socialistas porque el déficit del Estado ha superado en 3 décimas lo previsto y la Seguridad Social ha acabado el año en números rojos pese a que el Gobierno del PSOE esperaba un superávit del 0,4%.
Es obvio que Rajoy y su Gobierno han optado por tomar todas las medidas que creen necesarias desde el primer momento, sin que les tiemble el pulso, con el objetivo de transmitir firmeza a los mercados y a los ciudadanos españoles. Se la juegan en la primera parte de la legislatura sabedores de que una recuperación de la economía a partir de 2013, con un importante ritmo de creación de empleo, calmará al electorado que previamente podría haberse enfurecido no solo por la dureza de esas medidas sino, insistimos en que esto es lo relevante, por el engaño manifiesto del PP. Es obvio que el Ejecutivo acaba de empezar a rodar y goza aún de todo el crédito por parte de quienes le votaron, pero haber arrancado con un gesto así puede precipitar la erosión de esos cuatro ministros que anunciaron las nuevas y del presidente del Gobierno. Este jueves vendrá el segundo capítulo del plan de ajustes, seguramente con privatizaciones y supresión de empresas públicas. Y de aquí a marzo, cuando se aprueben los Presupuestos de 2012 (puede que con una subida del IVA, dando otro revés a la coherencia del PP), será un no parar. Lo del viernes 30 fue solo "el inicio del inicio", como dijo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, pero de este Gobierno se esperaban profundas reformas de cuyo desarrollo aún sabemos poco. La del mercado de trabajo y la del sector financiero son las que más urgen y en ello están ya Báñez y De Guindos. Si no llegan pronto y no empiezan pronto a desarrollar el programa reformista que abanderaron, su crédito se irá diluyendo. No decimos nada si a ello suman una gestión contraria a la antes defendida, una profunda recesión en el primer semestre del año o las contradicciones, desautorizaciones y multiplicidad de voces que se están produciendo en el seno del Gobierno en este inicio de legislatura.
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