Veinte días han transcurrido ya del nuevo año, el 2011, el que todo el mundo considera como "el de la verdad" en lo que a la situación económico-financiera de España se refiere. El ejercicio anterior ya tuvimos dos avisos serios (uno en mayo, otro en noviembre) que nos colocaron al borde del abismo: a punto estuvimos de no poder hacer frente a los altísimos intereses que los mercados nos exigían para financiar nuestra deuda. A ambas crisis, el presidente del Gobierno respondió con sendos paquetes de medidas de ajuste, encaminadas a mejorar el crédito de nuestro país y a demostrar que estaba dispuesto a grandes sacrificios para reducir el déficit público. Fueron reacciones espontáneas, provocadas por la urgencia de la situación y no por un hondo estudio y reflexión, balones de oxígeno que, también en ambos casos, tuvieron un efecto efímero.
Sin embargo, el presidente del Gobierno parece estar ya firmemente convencido de que no hay marcha atrás, de que la única solución para evitar situaciones así, la única vía de salvación que nos queda para no caer en la bancarrota financiera, es emprender un ambicioso proceso de reformas, muy doloroso y muy costoso, pero absolutamente necesario. Dicho programa consta de cuatro grandes frentes y ha de desarrollarse lo más rápidamente posible:
- El primero es continuar cumpliendo con los compromisos de reducción del déficit, que fijan un techo del 6% para finales de este año. Rodríguez Zapatero ya ha demostrado que, tras meses y meses de negación obstinada, está dispuesto a hacerlo. Así lo demostró en mayo, cuando rebajó el sueldo de los funcionarios, congeló las pensiones y eliminó el cheque-bebé, y en noviembre, cuando privatizó parte de AENA y Loterías y suprimió la ayuda de los 426 euros a los parados de larga duración. Es evidente que ese camino no ha hecho más que empezar y que, una vez emprendido, Zapatero va a continuar por él, entre otras cosas porque no le queda otra. Tener un déficit público alto es lo peor que le puede pasar al crédito internacional de España. Pero es que, además, las presiones de la Unión Europea y de Estados Unidos para que rebaje el nivel de endeudamiento no le permitirán desviarse lo más mínimo. La economía nacional este año seguirá igual de mal o peor que el año pasado, así que recortar será la única solución para lograr el objetivo.
- Culminar la reforma de las Cajas de Ahorros, impulsando la transformación de muchas de ellas en bancos para que puedan captar capital privado. Nadie se fía de la solvencia de las cajas, cuyo agujero creado por la deuda inmobiliaria es incalculable. Ya se han llevado elevadas partidas de financiación pública a través del FROB, pero es evidente que requieren mucho más. Algunos cifran en 30.000 millones de euros la liquidez inmediata que necesitan para sobrevivir. Superaron los test de estrés, pero el resultado de tales pruebas ya es papel mojado, toda vez que también las superaron los bancos irlandeses y demostrada quedó su insolvencia. Eso ha disparado la desconfianza y ha hecho que afrontar la reforma total de este sector sea algo vital. Seguramente se haga a lo largo del primer trimestre. Su despolitización será otro de los puntos clave.
- En tercer lugar viene la reforma de las pensiones. Aquí ya sí que está puesta toda la carne en el asador, con el objetivo irrenunciable impuesto por parte del Gobierno de fijar la edad máxima de jubilación en los 67 años. En estos momentos, se negocia con los sindicatos para conseguir su apoyo y evitar así una segunda huelga general pero la fecha límite ya está fijada: el 28 de enero el Consejo de Ministros aprobará la reforma, con apoyo de los sindicatos o sin él, con apoyo del Pacto de Toledo o sin él. El Gobierno, y muy especialmente su presidente, lo han repetido hasta la saciedad: el último viernes de enero la jubilación a los 67 será una realidad. Otro de los puntos clave es la ampliación del periodo de tiempo para calcular la cuantía de las pensiones, actualmente fijado en 15 años y que el Gobierno ya ha anunciado que será mayor. También el PP se ha mostrado favorable a esta iniciativa y solo nos quedan saber los detalles finales. Además, se prevé que la reforma ponga coto a las prejubilaciones.
- Por último, en los próximos meses debe abordarse la reforma de la negociación colectiva, para consolidar la reforma laboral aprobada el año pasado. En principio, según el texto aprobado el Gobierno tiene que esperar hasta marzo para ver si patronal y sindicatos llegan a un acuerdo, pero no es en absoluto descartable que intervenga antes. Todo indica que se eliminarán los convenios provinciales para potenciar los de cada empresa y que se vincularán los salarios a la productividad. Además, es posible que se toque también la regulación de los horarios comerciales, para una posible ampliación de los mismos.
Estos cuatro son los grandes retos que el Gobierno de España tiene por delante y que tiene que afrontar inexorablemente. Parece decidido a ello, una vez que ha visto que quizá no hay más salida, pero debe llegar hasta el final. Ya son muchas las voces que están criticando al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero por quedarse demasiado corto con las reformas y España no puede de ninguna manera asumir el riesgo de quedar en evidencia. El anuncio que el presidente hizo en diciembre asegurando que quedan por delante cinco años de dura travesía en el desierto y que ese ha de ser un periodo de grandes reformas, tendiendo la mano a la oposición (que recogió el guante y se mostró dispuesta a apoyarle) es indicativo de la situación de urgencia en que nos encontramos. Prácticamente no hay margen de error. Hace apenas unos días Portugal (la única pantalla que nos queda ya, tras la caída de Grecia y de Irlanda) estuvo al borde del abismo. Un rescate de España (cuyo PIB duplica el de Grecia, Irlanda y Portugal juntas) es a todas luces inabordable. Nuestra bancarrota supondría también la de la moneda única y no es difícil imaginar cuán negro sería nuestro futuro de tener que afrontar tan dramática situación con la vuelta de la peseta...
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